Proceso penal

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El Constitucional admite a trámite el recurso de amparo de Forcadell contra la decisión del Supremo de asumir la competencia del proceso penal del 1-O

10 de abril de 2018 Noticias Desafío independentista

El Tribunal Constitucional ha hecho publica una providencia en la que admite por unanimidad el recurso de amparo interpuesto por la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y la miembro de la mesa Ana Simó en contra de la decisión que tomó el Tribunal Supremo el pasado 9 de Noviembre para asumir la competencia en la causa penal por el referendum ilegal celebrado el pasado 1 de Octubre de 2017.

Los certificados de antecedentes penales deben incluir los derivados de condenas extranjeras con independencia del fin para el que se soliciten

15 de septiembre de 2017 Noticias ANTECEDENTES PENALES

No puede omitirse la referencia a un antecedente penal por una condena extranjera que conste debidamente inscrito, con independencia de que el certificado se solicite para un procedimiento penal o para un fin distinto del proceso penal y con independencia de que haya transcurrido el plazo de cancelación exigido en el derecho español.

Cómputo del plazo de la prisión provisional en los supuestos de extradición

El autor aborda la problemática relativa al cómputo de los plazos de la prisión provisional en los supuestos de extradición, concluyendo que no procede tener en cuenta para el cómputo de los plazos del art. 504 LECrim el tiempo que el investigado ha estado privado de libertad en el país de detención mientras se tramitaba la extradición, todo ello a fin de no quebrar el principio de seguridad jurídica haciendo depender la institución de la prisión provisional de cómputos inciertos e imprecisos y que escapan del control de los tribunales españoles, postura que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional.

El caso del juez que interrumpió el informe oral del abogado defensor para conminarle a finalizar en 15 segundos

La juzgadora de instancia interrumpió al letrado cuando estaba efectuando su informe oral final de valoración de las pruebas, no permitiendo ni siquiera enunciar los argumentos de defensa, lo cual provocó que la Audiencia Provincial declarase la nulidad del acto del juicio oral, retrotrayendo las actuaciones al momento de su celebración ante otro juzgado. En este caso se cercenó el principio de oralidad que rige el proceso penal, poniendo límites no justificados, vulnerándose por tanto el derecho de defensa.

El derecho a la intimidad y la prueba obtenida mediante drones

22 de junio de 2016 Artículos doctrinales Drones

En este articulo nos planteamos si es posible el uso de drones en el proceso penal como medida de vigilancia y seguimiento policial y hasta que punto puede afectar o no a la inviolabilidad del domicilio. Para dar respuesta a estas cuestiones, estudiaremos el derecho fundamental recogido en el articulo 18.2  de la Constitución Española, el concepto de domicilio según la doctrina  del Tribunal Supremo y  del Tribunal Constitucional, en relación con  la regulación legal en el ámbito del derecho penal y la jurisprudencia existente, en especial la reciente STS 329/2016, de 20 de abril. 

Obligación de denunciar versus prueba de cargo de la víctima en los delitos de violencia de género

Este artículo reflexiona sobre el conflicto existente entre la conciencia colectiva que anima a las víctimas de violencia de género a denunciar y la frustración en cuanto a expectativas que pueden tener muchas mujeres que sufren una situación de maltrato en sus relaciones con la administración de justicia. Asimismo se hace un análisis sobre la errónea creencia social de que la ley es injusta, pues por el mero hecho de que una mujer presente una denuncia por violencia de género, se supone que siempre sale victoriosa en el subsiguiente proceso penal.

Las intervenciones telefónicas: doctrina general a la luz de la LO 13/2015, de 5 de octubre

Las denominadas “escuchas telefónicas” –intervención de las comunicaciones telefónicas–, que pueden acordarse como diligencias instructoras en el ámbito del proceso penal –ordinario o abreviado–, requieren, para su adopción, del cumplimiento de una serie de formalidades materiales y procesales que delimitan su aplicación. El Tribunal Constitucional ha desarrollado toda una doctrina jurisprudencial en garantía del derecho fundamental del art. 18.3 CE, de tal manera que el instructor, y con carácter previo a la toma de decisión, se vea obligado a realizar un juicio de proporcionalidad concreto que avale tal injerencia, so pena de nulidad. La nueva regulación normativa viene a colmar un espacio necesario y hartamente demandado por la jurisprudencia, tanto nacional como de la Unión Europea, dando cabida así a la “habilitación legal” de la intervención, en tanto norma fundante de la injerencia en el derecho especialmente protegido.

El TS dicta su segunda sentencia sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas

El TS establece que establece que la  imposición de una pena a una personas jurídica exige la misma actividad probatoria que la requerida para justificar la procedencia de cualquier otra pena a una persona física. No puede aceptarse que en el proceso penal exista una doble vía probatoria: la prueba de la acción de la persona física y la declaración de responsabilidad penal de la persona jurídica.